Ahome, Sinaloa.– En un nuevo episodio dentro del conflictivo panorama político sinaloense, un juez federal otorgó una suspensión definitiva al exalcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, ordenando su inmediata restitución como presidente municipal para el periodo 2024–2027.
La decisión judicial pone freno a los efectos legales derivados de la declaratoria de procedencia aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa el 1 y 2 de mayo de 2025, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, y sustentada en la carpeta de investigación FGE/FECC/09/2024/CI. Dicha declaratoria provocó que Vargas Landeros perdiera el fuero constitucional, fuera separado del cargo y se declarara vacante la presidencia municipal.
Según consta en la resolución del 29 de julio de 2025, el juez federal determinó cesar los efectos del artículo 136 de la Constitución del Estado de Sinaloa y del artículo 41 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, considerándolos inconstitucionales. Como consecuencia, se instruyó la reinstalación inmediata de Vargas Landeros, el pago íntegro de su salario y el acceso pleno a las herramientas necesarias para desempeñar su función, al menos hasta que se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo en curso.
Antecedentes del caso
El proceso contra Vargas Landeros comenzó con una investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), que derivó en la solicitud de su desafuero ante el Congreso local. Tras la aprobación de la declaratoria, se le retiró el fuero y se le separó de sus funciones como presidente municipal, situación que fue impugnada por el propio Vargas mediante un juicio de amparo.
La medida de suspensión definitiva no exime al exalcalde de enfrentar el proceso judicial, pero sí garantiza su derecho a la presunción de inocencia y a la permanencia en su cargo hasta que exista una resolución definitiva, reafirmando así la vigencia del principio de legalidad y el debido proceso.
Implicaciones políticas
El regreso de Vargas Landeros a la alcaldía reconfigura el escenario político en el municipio de Ahome y plantea cuestionamientos sobre los límites del poder legislativo estatal frente a los controles constitucionales federales. El caso ha captado la atención pública por sus implicaciones en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y la autonomía de los poderes.
Mientras tanto, el proceso legal continúa y se mantiene bajo observación ciudadana y mediática, en un clima de tensión política que podría marcar un precedente en la historia reciente de la gobernanza en Sinaloa.
