Culiacán, Sinaloa.- Aunque la Secretaría de las Mujeres reportó cifras históricas en servicios otorgados a víctimas de violencia, diputadas y diputados del Congreso del Estado advirtieron que los avances institucionales no necesariamente se reflejan en una disminución real de la violencia que viven las mujeres en Sinaloa.
Durante la comparecencia de la secretaria Ana Francis Chiquete Elizalde, se informó que en cuatro años se brindaron más de 383 mil atenciones especializadas, un incremento de más del 460 por ciento respecto a la administración anterior. Sin embargo, legisladores de distintos partidos señalaron que el aumento de servicios también puede evidenciar que la problemática sigue creciendo, especialmente en municipios con altos índices de violencia familiar y de género.
El contexto agrava el debate: 2025 fue uno de los años más letales para las mujeres en Sinaloa, con 72 feminicidios registrados, además de un incremento en las denuncias por violencia familiar y agresiones contra mujeres, lo que coloca en duda el impacto real de las políticas públicas más allá de las estadísticas de atención.
Aunque se reconoció la expansión de la infraestructura —como el nuevo Centro de Justicia para las Mujeres en Guasave y la operación de los centros LIBRE—, se plantearon dudas sobre la cobertura real en zonas rurales, la falta de autonomía económica de muchas mujeres y la persistencia del empleo informal, factores que continúan atrapando a miles de mujeres en ciclos de violencia.
Desde la oposición se subrayó que la atención institucional no sustituye la prevención, ni garantiza por sí sola que las mujeres estén más seguras, por lo que se exigieron políticas públicas medibles y con impacto directo en la reducción de agresiones, no solo en el número de trámites y servicios reportados.
La comparecencia dejó claro que, aunque Sinaloa ha fortalecido su red de apoyo a mujeres víctimas, el reto central sigue siendo que la violencia disminuya en la vida cotidiana, y no únicamente en los informes oficiales.
