Culiacán, Sin.– La diputada Paola Gárate Valenzuela lanzó un llamado frontal al Gobierno del Estado para que asuma una postura activa y transparente ante el hallazgo y rescate de cuerpos en fosas clandestinas en El Verde, municipio de Concordia, al considerar que la administración estatal ha optado por mantenerse al margen mientras la crisis de desapariciones se profundiza.
Desde el Congreso local, la legisladora cuestionó que el gobierno estatal “contemple desde las gradas” los trabajos encabezados por autoridades federales, sin exigir ni proporcionar información clara, diaria y verificable sobre los avances, hallazgos y resguardo de evidencias.
Gárate Valenzuela demandó que los colectivos de mujeres con familiares desaparecidos puedan participar en las labores, al menos como observadoras, ante la desconfianza que prevalece hacia las instituciones. Señaló que limitar su presencia sólo agrava la percepción de opacidad en un caso que podría representar uno de los hallazgos de fosas clandestinas más grandes en la historia del estado, e incluso del país.
Señalamientos por intimidación
La diputada también solicitó la destitución de la subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno estatal, a quien acusó de intimidar y descalificar a madres buscadoras durante una reunión en la que, lejos de facilitar su participación en los trabajos en El Verde, se les advirtió sobre supuestos riesgos y se insinuó un “tinte político” por ser acompañadas por una legisladora de oposición.
La postura fue expuesta ante la Junta de Coordinación Política, durante la sesión pública ordinaria del primer receso de 2026, y ante medios de comunicación, acompañada por integrantes de colectivos de rastreadoras.
Cuestionamientos sin respuesta
Gárate cuestionó la falta de información pública por parte del Gobierno federal sobre resultados concretos de los trabajos en la zona, al tiempo que criticó que el Gobierno estatal evada responsabilidades ante lo que calificó como la crisis de desapariciones más grave en la historia reciente de Sinaloa.
Entre las interrogantes planteadas destacan:
- ¿Cómo se obtuvo la información que llevó al hallazgo de las fosas?
- ¿Por qué no se transparenta el número real de hallazgos y el resguardo de evidencias?
- ¿Por qué se restringe la presencia de colectivos y observadores ciudadanos?
- ¿A qué le temen las autoridades: a la verdad o al escrutinio público?
La legisladora llamó al Congreso del Estado a fijar una postura firme de respaldo a las familias y a exigir al Gobierno federal información puntual y verificable. En un contexto de desconfianza institucional y dolor acumulado, sostuvo que la transparencia y la participación ciudadana no deben verse como concesiones políticas, sino como obligaciones frente a las víctimas.
