El Fuerte, Sinaloa.– Tras el estallamiento de huelga por parte de trabajadores sindicalizados de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte (JAPAF), el alcalde Gildardo Leyva Ortega endureció su postura y prácticamente dio por cerradas las negociaciones, al calificar como inviables las demandas del sindicato debido a la situación financiera del organismo.
Aunque el presidente municipal aseguró respetar el derecho a la manifestación laboral, sostuvo que el pliego petitorio contiene exigencias que —según su versión— la paramunicipal no puede cubrir, ya que enfrenta una severa crisis económica y depende del respaldo del Ayuntamiento incluso para el pago del servicio de energía eléctrica.
Sin embargo, trabajadores sindicalizados señalan que sus demandas no son excesivas, sino relacionadas con derechos laborales básicos y condiciones dignas de trabajo. Subrayan que durante años han sostenido la operación del sistema de agua potable pese a carencias materiales, retrasos históricos y limitaciones presupuestales que no fueron generadas por la base trabajadora.
El alcalde afirmó que durante cinco meses se mantuvieron mesas de diálogo en las que —según dijo— se cumplieron compromisos como salarios, prestaciones y aguinaldos. No obstante, desde la representación sindical se advierte que el cumplimiento de obligaciones patronales no puede presentarse como concesión, sino como una responsabilidad legal mínima.
Leyva Ortega también advirtió que la huelga afecta la recaudación del organismo y podría agravar la crisis financiera en el corto plazo, además de señalar un rezago importante en el pago del servicio por parte de usuarios.
Para los trabajadores, trasladar el peso de la crisis financiera exclusivamente a la huelga o a sus demandas resulta injusto, pues consideran que el problema estructural de la JAPAF obedece a años de deficiente planeación financiera, baja recaudación y falta de estrategias efectivas para fortalecer al organismo operador.
Mientras tanto, la huelga continúa y el conflicto laboral permanece sin solución clara, en un escenario donde los trabajadores exigen respeto a sus derechos y el Ayuntamiento insiste en que no hay margen presupuestal para atender sus demandas.
