Trabajadores señalan a la jueza Aida Araceli Villarreal Escovar y exigen la intervención del Consejo de la Judicatura Federal.
Los Mochis, Sinaloa.– Trabajadores del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa denunciaron públicamente una serie de presuntas irregularidades al interior del órgano jurisdiccional, señalando directamente a su titular, Aida Araceli Villarreal Escovar, por conductas que —afirman— van desde acoso laboral hasta posibles actos de corrupción.
En las quejas presentadas, los empleados refieren supuesta notoria ineptitud en el desempeño de la función jurisdiccional, prácticas de acoso laboral sistemático, así como señalamientos delicados como el presunto uso de tarot para la toma de decisiones en asuntos judiciales y posibles actos de corrupción, situaciones que consideran graves por tratarse de un órgano del Poder Judicial de la Federación.
Los denunciantes sostienen que estas conductas han generado un ambiente laboral hostil y de presión constante. Actualmente, explicaron, el juzgado cuenta con siete secretarios; de ellos, dos se encuentran incapacitados médicamente, presuntamente a consecuencia del acoso laboral atribuido a la jueza, mientras que un tercero solicitó licencia para ausentarse y fue adscrito a otro juzgado, también —según señalan— por el mismo motivo.
Aseguran que no se trata de casos aislados, sino de un patrón reiterado desde que la juzgadora asumió funciones el 16 de noviembre de 2021. Incluso, afirman que ha existido alta rotación en cargos clave como secretarios particulares y proyectistas, quienes habrían optado por dejar el juzgado ante el trato recibido.
Los trabajadores indicaron que el sindicato nacional correspondiente ya tiene conocimiento de las inconformidades; sin embargo, señalaron que no han recibido respaldo. De acuerdo con su versión, el sindicato no ha actuado en su defensa, por lo que decidieron hacer públicas las denuncias y buscar otras vías institucionales para exponer los hechos.
Ante este escenario, reiteraron su llamado al Consejo de la Judicatura Federal para que inicie una investigación exhaustiva, garantice la protección de los derechos laborales del personal y determine, en su caso, las responsabilidades administrativas o legales que correspondan.
Hasta el momento, ni la jueza señalada ni las instancias federales han emitido una postura oficial respecto a estos señalamientos.
