Ciudad de México.– La tensión política se intensificó luego de que líderes de oposición lanzaran una ofensiva simultánea contra Morena y funcionarios de Sinaloa, con acusaciones y exigencias que escalan el conflicto al plano internacional.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que presentó solicitudes formales ante los Departamentos de Estado, Justicia y del Tesoro de Estados Unidos para que Morena sea catalogado como “organización terrorista”. De manera paralela, acudió al Instituto Nacional Electoral (INE) para pedir el retiro del registro del partido, al que calificó como un “narcopartido”.
En la misma línea de presión, el senador del PAN, Ricardo Anaya, exigió la “detención inmediata” del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como del senador Enrique Inzunza, argumentando que existe riesgo de que evadan la justicia ante señalamientos provenientes de Estados Unidos. Anaya criticó cualquier posible dilación en las acciones judiciales, señalando que podría interpretarse como una ventana para la fuga.
Por su parte, Movimiento Ciudadano (MC) adoptó una postura distinta en el fondo, pero igual de contundente en la forma: planteó que las investigaciones y eventuales procesos contra Rocha Moya y otros señalados deben llevarse a cabo en México. No obstante, también respaldó la solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa, elevando la presión institucional sobre el estado.
Este conjunto de acciones refleja una escalada política en torno a acusaciones de presuntos vínculos con el crimen organizado, en un contexto donde los señalamientos internacionales comienzan a incidir en la agenda interna. Hasta el momento, Morena no ha emitido una postura oficial conjunta frente a estos pronunciamientos.
El desarrollo de este conflicto podría tener implicaciones tanto en el ámbito electoral como en la relación bilateral con Estados Unidos, especialmente si las solicitudes planteadas por la oposición avanzan en instancias internacionales.
