Los Mochis, Sinaloa.– Empresarios de Los Mochis hicieron un llamado a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que acelere las investigaciones y la emisión de los dictámenes periciales relacionados con el incendio registrado en Plaza Fiesta Las Palmas, con el objetivo de avanzar hacia una posible reapertura de los negocios que permanecen cerrados desde hace más de un mes.
Aunque reconocieron la importancia de respetar los procedimientos legales y técnicos que se llevan a cabo tras el siniestro, representantes del sector empresarial señalaron que la situación debe analizarse también desde el impacto social y humano que enfrentan cientos de familias afectadas por la suspensión de actividades.
El presidente del Consejo Empresarial Restaurantero (CER) de Los Mochis, Mario Zazueta Félix, expresó que la principal preocupación se centra en los locatarios y trabajadores que continúan sin poder generar ingresos.
“Nosotros no estamos pidiendo que se pasen por alto los procesos. Lo que estamos pidiendo es que vean a las familias que están detrás de cada negocio. Para ellas, cada día de espera representa incertidumbre, estrés y dificultades económicas”, manifestó.
Por su parte, Esteban Morales, representante de Coparmex Los Mochis, señaló que la prioridad debe ser encontrar mecanismos que permitan la reactivación económica de los espacios que no sufrieron daños severos.
“Lo que queremos es que se cierre la investigación y que las personas puedan regresar a trabajar. No nos corresponde determinar culpables, eso es tarea de las autoridades. Lo importante es que se busque una ruta para reabrir el espacio económico”, indicó.
Morales destacó que en Plaza Fiesta Las Palmas operan alrededor de 120 locatarios, por lo que el cierre prolongado afecta no solo a propietarios de negocios, sino también a empleados y sus familias, quienes dependen de la actividad comercial para su sustento.
Los líderes empresariales coincidieron en que, mientras continúan las investigaciones, los comerciantes siguen enfrentando compromisos económicos como el pago de rentas, impuestos, cuotas patronales, servicios y otras obligaciones que no se han detenido pese al cierre de la plaza.
Asimismo, señalaron que el estrés y la incertidumbre se han convertido en una constante para quienes permanecen sin una fecha clara para retomar operaciones, ya que la mayoría de los locatarios no ha podido habilitar espacios alternos para continuar trabajando.
Finalmente, insistieron en que el llamado a las autoridades no busca interferir en las investigaciones ni señalar responsables, sino acelerar los procesos pendientes para que los comerciantes puedan recuperar sus fuentes de ingreso lo antes posible, siempre dentro del marco legal y respetando el Estado de Derecho
