La denunciante se convirtió en denunciada
La abogada Mónica Calles Miramontes se atrevió a hacer lo que pocos: exhibir con videos en sus redes las presuntas irregularidades y el acoso laboral dentro del INE.
¿Y qué hizo el Estado? No investigó al INE. Fue tras ella para callarla.
Documentos revelados por la propia abogada confirman que la FGR ya pidió a X (Twitter) borrar 8 publicaciones de su cuenta @moni_calles. Ahí había mostrado cómo una trabajadora del INE fue retenida 10 horas en una diligencia laboral.
Pero no solo eso. La carpeta —abierta por denuncia de Andrea Gutiérrez Sánchez, secretaria particular del área contenciosa del INE— pide suspenderle todas sus redes: X, Facebook, YouTube y TikTok.
¿El pretexto? Que expone la imagen de una funcionaria y afecta su honor.
Ella lo dice claro y sin rodeos: “Esto es un atentado contra la libertad de expresión”.
El escándalo ya reventó en el Consejo General del INE. Emilio Álvarez Icaza advirtió que es un foco rojo gravísimo: perseguir penalmente a una abogada por defender a trabajadores.
Lo más indignante: la FGR actuó en 3 DÍAS para censurar a la abogada, pero hay carpetas de desaparecidos, de corrupción y de violencia que llevan años guardadas en un cajón.
En México es más rápido borrar un tuit que investigar un delito.
El INE, el árbitro que debería garantizar la libertad, pidiendo que le apaguen las redes a quien lo exhibe.
¿Tú qué opinas? ¿Justicia o censura?
