El combate a las empresas factureras debe ser uno de los puntos centrales del Paquete Económico 2027, pues representa una de las principales vías para cerrar el enorme boquete de evasión fiscal y proteger las finanzas públicas, afirmó el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.
En este sentido, el vicecoordinador de la bancada morenistaseñaló que hay que tapar el inmenso boquete de evasión fiscal, evitar el traslado de miles de millones de pesos al financiamiento de campañas electorales y golpear la red de complicidades que captura instituciones y saquea las finanzas nacionales.
Asimismo, explicó que su iniciativa para combatir las factureras busca actuar desde el origen de estas estructuras y no únicamente después de que el daño fiscal o patrimonial ya se haya producido. La propuesta plantea cerrar los espacios que permiten simular operaciones, evadir impuestos y, en determinados casos, desviar recursos públicos.
El legislador destacó que las factureras no operan de manera aislada, sino como parte de una red criminal que ha construido esquemas complejos de simulación y dispersión de recursos, en los que participan prestanombres, facilitadores, notarios, liderazgos sindicales, funcionarios estatales y municipales, así como entidades que no son contribuyentes del ISR.
En pocas semanas, una sociedad puede constituirse, obtener RFC, e.firma y sellos digitales, abrir cuentas bancarias y comenzar a facturar de manera masiva. Después abandona su domicilio, queda como no localizada y, mientras los recursos ya fueron dispersados, otra empresa de la misma red continúa con la operación.
Como se observa en el esquema, el ciclo comienza con la constitución de sociedades mediante prestanombres, la obtención del RFC, e.firma y sellos digitales y la apertura de cuentas bancarias. Posteriormente, las empresas inician una etapa de facturación masiva y, después de algunos meses, abandonan sus domicilios y quedan como no localizadas. Cuando una de ellas es identificada por la autoridad, la red puede poner en operación otra sociedad y repetir el ciclo.
Ramírez Cuéllar señaló que el problema se vuelve todavía más grave cuando estas estructuras se utilizan para desviar recursos públicos. En estos casos, los recursos pueden pasar de un gobierno o particular a una primera empresa facturera y, posteriormente, ser transferidos entre distintas empresas mediante operaciones sucesivas, hasta llegar a los beneficiarios finales.
Este proceso permite ocultar el origen y destino del dinero y darle apariencia de una operación legítima. Cuando se trata de recursos públicos, además del daño fiscal, puede existir una afectación directa al patrimonio público y responsabilidades para quienes intervengan.
“El daño es inmenso. Puede representar miles de millones de pesos anuales para la hacienda pública. Estamos frente a un vehículo financiero para lavar dinero y frente a una forma de enriquecimiento abusivo y grotesco a costa del erario”, afirmó.
El diputado indicó que la iniciativa busca fortalecer los controles sobre estados, municipios, sindicatos y organismos públicos para evitar la simulación de operaciones y la dispersión de recursos. Asimismo, establece que quienes realicen operaciones con facturas falsas o simuladas deberán pagar ISR sobre el monto de dichas operaciones y contempla responsabilidades para funcionarios y dirigentes sindicales involucrados.
“Necesitamos cerrar los espacios que permiten que una operación simulada pase por legítima únicamente porque interviene una institución pública. Los controles deben aplicarse a toda la cadena y deben existir consecuencias para quienes autoricen, faciliten o participen en estos mecanismos”, subrayó.
Además, destacó que otro de los componentes de la iniciativa consiste en actuar desde la creación de las empresas.
Al momento de inscribir una persona moral en el RFC, los socios o accionistas deberán acreditar su capacidad económica y la procedencia del capital, mientras que las aportaciones deberán realizarse mediante medios electrónicos que permitan su trazabilidad.
Ramírez Cuéllar recordó que esta lucha comenzó desde 2018 y que se han logrado avances importantes en materia de fiscalización y control. Sin embargo, señaló que la evolución de estos esquemas obliga a profundizar la estrategia y cerrar los vacíos que todavía permiten la operación y sustitución de empresas utilizadas para la facturación falsa.
“La mejor política contra las factureras es impedir que puedan instalarse, operar y desaparecer con recursos fiscales o públicos antes de que la autoridad pueda reaccionar. Necesitamos pasar de una fiscalización exclusivamente reactiva a una estrategia preventiva, con trazabilidad, controles y responsabilidades claras”, afirmó el legislador.
Finalmente, Ramírez Cuéllar enfatizó que combatir la facturación falsa forma parte de una política de fortalecimiento institucional y responsabilidad fiscal. Señaló que proteger los ingresos públicos, garantizar contrataciones transparentes y evitar la simulación de operaciones son condiciones indispensables para que los recursos del Estado se traduzcan en infraestructura, servicios públicos, inversión y bienestar para las familias mexicanas.
