Cuestiona que se anuncie la construcción de una nueva cárcel sin esclarecer las fallas de seguridad ni las posibles redes de corrupción en los centros penitenciarios actuales
Culiacán, Sinaloa.- La diputada Paola Gárate Valenzuela exigió investigar a fondo cómo ingresan armas de fuego a los centros penitenciarios de Sinaloa, esclarecer las posibles redes de corrupción y deslindar responsabilidades por los hechos violentos que han cobrado al menos 20 vidas en los penales de Aguaruto, en Culiacán, y El Castillo, en Mazatlán, entre mayo y octubre de este año.
Durante su posicionamiento en tribuna del Congreso del Estado, la legisladora priista cuestionó la falta de explicaciones sobre el ingreso de armas de alto poder a instalaciones bajo custodia de las autoridades, así como la ausencia de resultados públicos concluyentes sobre las responsabilidades por las deficiencias de seguridad.
“Los fusiles no tienen alas, las armas de alto poder no atraviesan solas los controles de seguridad, alguien está fallando, alguien está permitiendo que suceda”, expresó.
Gárate Valenzuela señaló que, después de cada enfrentamiento, las autoridades informan sobre operativos y decomisos de armamento, teléfonos y equipos de comunicación, pero no basta con presentar los objetos asegurados: es indispensable esclarecer cómo llegaron al interior de los penales, qué controles fallaron y si hubo servidores públicos involucrados.
También sostuvo que el Congreso del Estado debe exigir las comparecencias necesarias para conocer la situación de los centros penitenciarios, las investigaciones realizadas y las acciones emprendidas para corregir las fallas.
“Queremos saber quién permitió que entraran esas armas, quiénes son responsables de las fallas y qué harán para impedir otra masacre”, afirmó.
LA VIOLENCIA PENITENCIARIA TIENE CONSECUENCIAS IRREPARABLES
La legisladora recordó que entre mayo y julio ocho internos fueron asesinados en el penal de Aguaruto, Culiacán, mientras que los enfrentamientos registrados los días 8 y 9 de octubre en penal El Castillo de Mazatlán, dejaron otras 12 personas fallecidas, entre ellas un niño de dos años que se encontraba de visita con su padre, quien está privado de la libertad.
Consideró que la muerte del menor representa una de las expresiones más dolorosas de las fallas que deben investigarse, pues una visita familiar terminó en tragedia dentro de una instalación cuya seguridad corresponde al Estado.
“¿Qué explicación puede dar el gobierno ante semejante tragedia?”, cuestionó.
La diputada advirtió que los hechos no pueden tratarse como episodios aislados ni resolverse únicamente con el anuncio de nuevos operativos. Sostuvo que es necesario investigar las causas de los enfrentamientos, determinar las responsabilidades correspondientes y adoptar medidas que impidan que vuelva a ocurrir una tragedia similar.
DEFICIENCIAS DOCUMENTADAS Y FALTA DE RESPUESTAS
Como antecedente, Paola Gárate citó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que otorgó a Sinaloa una calificación de 5.02 puntos. El centro penitenciario El Castillo obtuvo 5.25, mientras que Goros II, en Los Mochis, registró 4.79.
De acuerdo con el posicionamiento, el diagnóstico identificó deficiencias relacionadas con la seguridad y custodia, la capacitación del personal, la prevención de hechos violentos y la presencia de actividades ilícitas.
Ante este panorama, la legisladora preguntó qué acciones se emprendieron para corregir las deficiencias detectadas, qué medidas se implementaron para impedir el ingreso de armamento y qué funcionarios han respondido por las fallas registradas.
Insistió en que las investigaciones no deben limitarse a las personas que participaron directamente en los enfrentamientos, sino que también deben esclarecer posibles omisiones, complicidades o actos de corrupción entre quienes tenían la obligación de garantizar la seguridad de los centros.
UNA NUEVA CÁRCEL NO SUSTITUYE LA OBLIGACIÓN DE CORREGIR LAS FALLAS ACTUALES
Respecto al anuncio del Gobierno Federal sobre la construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, Gárate Valenzuela sostuvo que mejorar la infraestructura puede ser necesario, pero no resolverá por sí solo los problemas de vigilancia, administración y corrupción que deben investigarse.
“Nadie se opone a mejorar la infraestructura penitenciaria, cuestionamos que pretendan presentarla como la gran solución mientras dejan pendientes los problemas que provocaron esta tragedia”, manifestó.
