Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Obras Públicas y de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobaron dictamen que deroga y reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
La presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas. Flora Isela Miranda Leal, resaltó que este dictamen se aprobó por unanimidad de todos los integrantes de las dos comisiones unidas.
“Todos los grupos parlamentarios se sumaron a las adecuaciones y a la reforma a la ley, por lo que vemos la viabilidad de que en el Pleno salga a favor, si no por unidad, por lo menos que sea aprobada por mayoría”, estimó.
De las reformas aplicadas, mencionó como importantes que se le quitan facultades a Preecasin (Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa) la facultad de realizar obra nueva.
“Al reformar el artículo 92, que se refiere a la obra por administración directa, se le retira a Preecasin –que era una exigencia de ciudadanos y diputados– la obra nueva y la obra de rehabilitación, y se queda sólo con la obra de conservación y mantenimiento”.
Sin embargo, aclaró que en su inciso B se habla de que Precasin entrará al auxilio en casos de desastres naturales, como se vive cada año con inundaciones en las temporadas de lluvias, y ahí sí hará obra para rehabilitar lo que pueda atender.
Agregó que en los últimos dos párrafos del artículo 92 se establece que a las Juntas de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios se le regresarán sus facultades para que ellos hagan el proceso de licitación de obras.
Es decir, precisó, se les regresan las facultades que se le habían transferido a Ceapas (Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa).
Se modificó, agregó, el artículo 40, en el cual ahora se establece que en cada obra habrá presencia de testigos sociales.
Ello, resaltó, implica que la población estará informada, puesto que los testigos sociales serán ciudadanos y este rubro viene muy completo.
El artículo 79 modificado, agregó, habla de sanciones para las autoridades estatales o municipales y entes públicos que no paguen en tiempo, además de que se les obligará a pagar lo que es el costo por financiamiento.
Aquí aclaró que ello entra en un artículo transitorio, el cual establece que entrará en vigencia hasta el 2021, por no estar dispuesto este concepto en la vigente Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2020.
La diputada Flora Isela Miranda agregó que se derogaron cerca de seis artículos.
“Se compactaron el 54 y el 53 en uno sólo, que habla de un método de evaluación de proceso para la licitación de la obra para que sea más transparente y se garantiza que pueda participar desde el más pequeño de los constructores hasta la más grande constructora”.
Observó que ahora entrarán otras dependencias también a vigilar que el proceso de licitación sea lo más transparente posible.
Participaron en esta reunión todos los integrantes de las dos comisiones señaladas, quienes son Horacio Lora Oliva, como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación; Ana Cecilia Moreno Romero, como secretaria, y como vocales: María Victoria Sánchez Peña, Édgar Augusto González Zatarain y Flora Isela Miranda Leal.
Esta última participó también como presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas; Edgar Augusto González Zatarain, como secretario, y como vocales: Karla de Lourdes Montero Alatorre, Elva Margarita Inzunza Valenzuela y Rosario Romero López.
