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A 50 d\u00edas del bloqueo que mantiene suspendidas las actividades de construcci\u00f3n de la planta de fertilizantes en Topolobampo, representantes empresariales, trabajadores y prestadores de servicios advierten que la interrupci\u00f3n comienza a generar efectos econ\u00f3micos que trascienden el proyecto y alcanzan a distintos sectores productivos de la regi\u00f3n.<\/p>\n
La planta representa una inversi\u00f3n superior a 1,800 millones de d\u00f3lares y registra un avance f\u00edsico superior al 90 por ciento. Durante su construcci\u00f3n ha generado alrededor de 3 mil empleos directos y cerca de 7 mil indirectos relacionados con transporte, comercio, servicios, hospedaje y proveedur\u00eda.<\/p>\n
Aunque no existen cifras oficiales sobre la derrama econ\u00f3mica que ha dejado de generarse durante este periodo, empresarios y comerciantes coinciden en que la reducci\u00f3n de actividad ya comienza a sentirse en negocios vinculados directa e indirectamente al proyecto.<\/p>\n
Restaurantes, arrendadores de vivienda, transportistas, proveedores de materiales y prestadores de servicios reportan una disminuci\u00f3n gradual en la demanda, particularmente en Topolobampo y Los Mochis, donde se concentra buena parte de la actividad econ\u00f3mica asociada a la construcci\u00f3n.<\/p>\n
El dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Qu\u00edmica, Petroqu\u00edmica, Carboqu\u00edmica, Energ\u00eda y Gases, Isaac Maya P\u00e9rez, se\u00f1al\u00f3 recientemente que miles de trabajadores permanecen a la espera de que las actividades puedan reanudarse, al advertir que el bloqueo ha impedido el acceso de personal especializado encargado de las etapas finales de construcci\u00f3n, pruebas y mantenimiento de la planta.<\/p>\n
La preocupaci\u00f3n tambi\u00e9n ha sido expresada por organismos empresariales.<\/p>\n
Juan Pablo Casta\u00f1\u00f3n, ex presidente nacional de Coparmex y ex dirigente del Centro Empresarial del Valle del Fuerte, advirti\u00f3 que uno de los principales riesgos para la regi\u00f3n consiste en dejar pasar inversiones estrat\u00e9gicas que permitan impulsar el desarrollo econ\u00f3mico.<\/p>\n
\u201cYo creo que una de las principales causas ser\u00eda dejar ir inversiones y no tener una visi\u00f3n de futuro. Es una responsabilidad de nuestro tiempo, de nuestra generaci\u00f3n. No lo estamos haciendo bien\u201d.<\/p>\n
Por su parte, Humberto Angulo Rend\u00f3n, ex presidente de Canaco Los Mochis, consider\u00f3 que la prolongaci\u00f3n de conflictos vinculados a proyectos de inversi\u00f3n puede afectar la percepci\u00f3n de otras empresas interesadas en desarrollar proyectos en la regi\u00f3n.<\/p>\n
\u201cLa principal causa ser\u00eda lo que estamos viviendo. Los conflictos sociales. Corremos el riesgo de que otras inversiones ya no se vengan\u201d.<\/p>\n
En el mismo sentido, representantes de organismos empresariales han se\u00f1alado que la incertidumbre prolongada puede impactar no s\u00f3lo a la obra actualmente detenida, sino tambi\u00e9n a proveedores y empresas que analizan invertir en el puerto de Topolobampo, considerado uno de los puntos log\u00edsticos m\u00e1s importantes del Pac\u00edfico mexicano.<\/p>\n
Especialistas en desarrollo econ\u00f3mico coinciden en que los efectos de una suspensi\u00f3n prolongada suelen presentarse en distintas etapas. En el corto plazo, se reflejan en menores ventas para peque\u00f1os negocios y prestadores de servicios; posteriormente pueden afectar al empleo indirecto y a la proveedur\u00eda regional; y en el largo plazo pueden influir en la percepci\u00f3n de certidumbre que observan los inversionistas al evaluar nuevos proyectos.<\/p>\n
No obstante, el debate econ\u00f3mico ocurre en paralelo a las preocupaciones ambientales y sociales que dieron origen al conflicto. Organizaciones opositoras al proyecto han expresado inquietudes relacionadas con posibles afectaciones a la Bah\u00eda de Ohuira y las actividades pesqueras de la zona.<\/p>\n
Por su parte, autoridades federales han reiterado que la planta cuenta con autorizaciones ambientales vigentes y que dependencias como Semarnat y Profepa mantienen supervisi\u00f3n sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales correspondientes.<\/p>\n
Durante julio, el Gobierno de M\u00e9xico impuls\u00f3 mesas de di\u00e1logo entre autoridades, comunidades, organizaciones sociales y representantes relacionados con el proyecto, de las cuales surgieron compromisos en materia de vigilancia ambiental, infraestructura social y seguimiento institucional.<\/p>\n
Sin embargo, a casi dos meses del inicio del bloqueo, el conflicto contin\u00faa sin una soluci\u00f3n definitiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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