Los Mochis, Sinaloa.– El colectivo 50+1 Sinaloa lanzó una advertencia pública ante posibles retrocesos en materia de paridad de género en los gobiernos municipales, derivados de la iniciativa de reforma electoral conocida como “Plan B”, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
A través de un posicionamiento, la organización señaló que los ajustes al Artículo 115 Constitucional, relacionados con la integración de los ayuntamientos, podrían debilitar el principio de paridad, una conquista lograda tras años de lucha por garantizar la participación política efectiva de las mujeres desde el ámbito local.
Erika Sánchez, presidenta de 50+1 Sinaloa, sostuvo que la redacción actual de la propuesta elimina elementos clave que aseguran la integración paritaria en los cabildos, lo que representa —dijo— un retroceso en derechos ya alcanzados.
“La paridad no es un privilegio, es un derecho que debe mantenerse y fortalecerse”, enfatizó.
La organización recordó que la paridad en los ayuntamientos ha sido resultado de un proceso progresivo que permitió avanzar hacia una representación más equitativa en la toma de decisiones públicas, particularmente en el nivel municipal, donde históricamente la participación femenina había sido limitada.
Señalan contradicción con agenda de igualdad
El posicionamiento también subraya una aparente contradicción entre el discurso oficial de fortalecimiento de derechos y el contenido de la reforma, al considerar que debilita mecanismos que garantizan la igualdad sustantiva.
En ese sentido, 50+1 Sinaloa hizo un llamado directo a legisladoras y legisladores federales para revisar y corregir el texto de la iniciativa, con el fin de evitar retrocesos en materia de representación política de las mujeres.
Debate abierto
El señalamiento se suma a una discusión más amplia sobre los efectos del llamado “Plan B” electoral, que ha generado posturas encontradas a nivel nacional. Mientras el oficialismo sostiene que busca simplificar y hacer más eficiente el sistema electoral, voces críticas advierten riesgos en aspectos clave como la autonomía institucional y los derechos político-electorales.
Para 50+1, el punto es claro: la paridad en los gobiernos municipales no debe ser negociable.
