Los Mochis.– Como parte de una estrategia orientada a fortalecer la prevención en materia de seguridad pública, el regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Emiliano Gerardo Lugo, respaldó la ampliación del reglamento que regula la portación y uso de armas blancas en la vía pública, iniciativa que fue aprobada por el Cabildo de Ahome.
Durante su intervención, el edil subrayó que esta reforma responde a la realidad social del municipio, al establecer lineamientos claros que permiten diferenciar entre el uso legítimo de herramientas de trabajo y la portación indebida en contextos de riesgo.
“Esta reforma se nutre de la realidad social, de la experiencia operativa en materia de seguridad pública y de una revisión responsable por parte de las y los regidores. Se protege el uso legítimo del machete como herramienta de trabajo, pero se evita que una mala redacción abra la puerta a abusos”, expresó.
El regidor explicó que uno de los puntos clave del proyecto es la precisión en la definición de conductas sancionables, estableciendo como infracción administrativa la portación, transporte o exhibición de objetos punzocortantes —como machetes, hachas, cuchillos o navajas— cuando no exista una causa justificada y representen un riesgo para terceros.
Asimismo, destacó que la reforma contempla excepciones claras para no afectar actividades productivas, reconociendo como causas justificadas el uso en labores agrícolas, de mantenimiento y otros oficios lícitos, así como el traslado directo entre el domicilio y el lugar de trabajo.
“Esto es fundamental, porque la reforma no castiga el trabajo, castiga la portación injustificada en contextos de riesgos”, puntualizó.
El documento aprobado también incluye una clasificación de infracciones por niveles de gravedad, lo que permitirá aplicar sanciones proporcionales que van desde multas económicas hasta arresto administrativo o trabajo comunitario.
En ese sentido, el edil enfatizó la importancia de que la población conozca el alcance de la normativa:
“Una regla clara es una regla que se puede entender, aplicar y vigilar. La ciudadanía tiene derecho a saber qué conducta es sancionable y cuáles son sus consecuencias”.
Finalmente, reiteró que el enfoque de la reforma es preventivo y se mantiene en el ámbito administrativo, sin invadir competencias del sistema penal, pero permitiendo actuar de manera anticipada ante posibles riesgos.
“Ahome necesita prevención, legalidad y certeza. Esta reforma no es una medida recaudatoria ni una persecución al trabajador, es una herramienta para actuar antes del daño”, concluyó.
