La negociación del precio del maíz en Sinaloa volvió a evidenciar la fragilidad de la política agrícola nacional. Lo que parecía una mesa de diálogo para destrabar el conflicto terminó en un nuevo punto muerto: productores rechazaron la propuesta del gobierno federal por considerarla insuficiente, y la discusión fue suspendida sin acuerdos concretos.
El desencuentro ocurrió durante las conversaciones encabezadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), cuya oferta quedó por debajo de las expectativas previamente consensuadas entre los propios agricultores. La reacción no se hizo esperar. Baltazar Valdez Armentia, dirigente de Campesinos Unidos de Sinaloa, fue claro al señalar que la propuesta gubernamental no responde a la realidad productiva ni a los costos actuales del campo.
El hecho no es menor. Sinaloa es el principal productor de maíz blanco en México, y cualquier distorsión en su esquema de precios impacta directamente en la cadena alimentaria nacional. Sin embargo, el planteamiento oficial vuelve a ser percibido como una medida desconectada del terreno, donde los insumos, combustibles y logística han incrementado de manera sostenida.
Más allá del desacuerdo puntual, el episodio deja ver un problema estructural: la ausencia de mecanismos efectivos para garantizar precios justos al productor. Mientras el gobierno insiste en propuestas que los agricultores califican como inviables, los productores demandan un precio piso que no solo cubra costos, sino que permita mantener la actividad rentable.
El receso solicitado por las autoridades, bajo el argumento de “revisar” la propuesta, abre un compás de espera que difícilmente reduce la tensión. Las recientes manifestaciones y bloqueos carreteros son un recordatorio de que el conflicto ya rebasó el ámbito técnico para convertirse en un tema social y económico de alto impacto.
Aunque ambas partes aseguran que el diálogo continúa, lo cierto es que el margen de maniobra se estrecha. La permanencia de los productores en la Ciudad de México refleja la urgencia de una solución, pero también la presión acumulada ante un escenario que, de prolongarse, podría escalar nuevamente en protestas.
En este contexto, la pregunta de fondo sigue sin resolverse: ¿está el gobierno dispuesto a replantear su estrategia agrícola o continuará administrando el conflicto sin atender las causas de origen? Mientras tanto, el campo sinaloense permanece en incertidumbre, atrapado entre costos crecientes y decisiones que, por ahora, no alcanzan para sostenerlo.
