La carrera rumbo al 2027 en Sinaloa ya comenzó, aunque formalmente falten meses para los tiempos electorales. En el tablero de Morena se mueven piezas con un mensaje claro desde el centro del país: la paridad no es una opción, es una directriz. La propia Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en que durante su sexenio veremos más mujeres gobernadoras. Sinaloa está en esa ruta.
Pero conviene poner las cosas en su justa dimensión: la paridad abre puertas, no resuelve problemas.
En el estado ya hay tres perfiles visibles que buscan coordinar los trabajos territoriales de Morena y, eventualmente, convertirse en candidatas a la gubernatura: Imelda Castro Castro, Graciela Domínguez Nava y María Teresa Guerra Ochoa. Tres trayectorias distintas, tres estilos, pero un mismo desafío: demostrar que pueden gobernar un estado complejo, no solo ganarlo.
Porque Sinaloa no es una entidad cualquiera. Es un territorio con contrastes profundos: sierra, valle y costa; riqueza agrícola y abandono rural; potencial industrial y fragilidad institucional. A eso se suma un factor que no puede maquillarse en discurso: la presión constante de la violencia y la presencia del crimen organizado en amplias zonas.
En ese contexto, la pregunta de fondo no es quién representa mejor a la izquierda ni quién conecta más con la narrativa del movimiento. La pregunta es otra: ¿quién tiene la capacidad real de ejercer el poder?
Gobernar Sinaloa implica mucho más que cercanía con la gente. Implica tomar decisiones bajo presión, sostener la estabilidad institucional y generar condiciones mínimas de certidumbre para la inversión. Implica, también, no ceder ante los intereses que históricamente han condicionado la vida pública del estado.
Las tres aspirantes han construido su carrera principalmente en el ámbito legislativo. Eso no es menor, pero tampoco suficiente. La experiencia parlamentaria forma operadores políticos; gobernar exige ejecutores. Y ahí está uno de los principales vacíos en la baraja actual: ninguna ha sido probada plenamente en la conducción de un aparato administrativo estatal con todas sus tensiones.
El otro factor clave es el económico. Sinaloa sigue dependiendo en gran medida de sus sectores primarios: agricultura, ganadería y pesca. Sin embargo, estos han sido golpeados por la falta de apoyos, la inseguridad y la incertidumbre. Hablar de industrialización sin resolver primero las condiciones de seguridad y legalidad es, en el mejor de los casos, voluntarismo.
Por eso, el perfil que necesita el estado no es simbólico, es funcional. No basta con representar una causa; se requiere capacidad para traducir esa causa en políticas públicas eficaces.
En este escenario, cada aspirante tiene fortalezas claras. Imelda Castro aporta trayectoria nacional y cercanía con el núcleo ideológico del movimiento. Graciela Domínguez ha demostrado capacidad de negociación y operación política. Teresa Guerra proyecta carácter y control en el ámbito local. Sin embargo, ninguna reúne por sí sola todos los elementos que demanda el momento.
Y ahí aparece una verdad incómoda: en Morena, la decisión no se define únicamente por méritos individuales. Pesan las encuestas, los equilibrios internos y, sobre todo, la voluntad política del centro. El margen de maniobra local es más limitado de lo que parece.
Sinaloa está ante una oportunidad histórica: tener a su primera gobernadora. Pero convertir ese hecho en un punto de inflexión dependerá de algo más que género o narrativa. Dependerá de la capacidad de quien llegue para imponer orden, reconstruir sectores productivos y devolver confianza a una sociedad que, desde hace años, vive entre la incertidumbre y la resistencia.
La paridad puede marcar el momento. El gobierno, en cambio, marcará el destino
