La Fiscalía General de la República (FGR) informó que hasta el momento no cuenta con el parámetro probatorio mínimo que exige la legislación mexicana para proceder penalmente contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni contra las otras nueve personas señaladas por el Gobierno de Estados Unidos.
Durante una conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos explicó que la investigación permanece abierta y que el expediente es atendido por la Fiscalía Especializada en Investigaciones Complejas.
Por su parte, David Bone de la Garza señaló que la carpeta de investigación se inició a partir de una solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por Estados Unidos, pero aclaró que dichos señalamientos solo representan el punto de partida de la indagatoria.
El funcionario reconoció que, hasta ahora, no existen pruebas suficientes bajo el estándar jurídico mexicano para ejercer acción penal.
Entre las diligencias realizadas se encuentran entrevistas ministeriales a los diez señalados, así como la recopilación de informes y otros datos de prueba. Bone de la Garza aseguró que la investigación continuará de manera exhaustiva para determinar si existen elementos que permitan configurar algún delito.
Asimismo, la fiscal Godoy descartó que los involucrados puedan ser entregados a Estados Unidos mediante el mecanismo utilizado en casos anteriores, ya que ninguno cuenta con una orden de aprehensión o un proceso penal vigente en México.
Finalmente, la FGR confirmó que la investigación no se ha ampliado a posibles delitos financieros, por lo que hasta el momento no se han realizado indagatorias sobre cuentas bancarias, patrimonio o redes familiares de los señalados.
