A 50 días del bloqueo que mantiene suspendidas las actividades de construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo, representantes empresariales, trabajadores y prestadores de servicios advierten que la interrupción comienza a generar efectos económicos que trascienden el proyecto y alcanzan a distintos sectores productivos de la región.
La planta representa una inversión superior a 1,800 millones de dólares y registra un avance físico superior al 90 por ciento. Durante su construcción ha generado alrededor de 3 mil empleos directos y cerca de 7 mil indirectos relacionados con transporte, comercio, servicios, hospedaje y proveeduría.
Aunque no existen cifras oficiales sobre la derrama económica que ha dejado de generarse durante este periodo, empresarios y comerciantes coinciden en que la reducción de actividad ya comienza a sentirse en negocios vinculados directa e indirectamente al proyecto.
Restaurantes, arrendadores de vivienda, transportistas, proveedores de materiales y prestadores de servicios reportan una disminución gradual en la demanda, particularmente en Topolobampo y Los Mochis, donde se concentra buena parte de la actividad económica asociada a la construcción.
El dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Energía y Gases, Isaac Maya Pérez, señaló recientemente que miles de trabajadores permanecen a la espera de que las actividades puedan reanudarse, al advertir que el bloqueo ha impedido el acceso de personal especializado encargado de las etapas finales de construcción, pruebas y mantenimiento de la planta.
La preocupación también ha sido expresada por organismos empresariales.
Juan Pablo Castañón, ex presidente nacional de Coparmex y ex dirigente del Centro Empresarial del Valle del Fuerte, advirtió que uno de los principales riesgos para la región consiste en dejar pasar inversiones estratégicas que permitan impulsar el desarrollo económico.
“Yo creo que una de las principales causas sería dejar ir inversiones y no tener una visión de futuro. Es una responsabilidad de nuestro tiempo, de nuestra generación. No lo estamos haciendo bien”.
Por su parte, Humberto Angulo Rendón, ex presidente de Canaco Los Mochis, consideró que la prolongación de conflictos vinculados a proyectos de inversión puede afectar la percepción de otras empresas interesadas en desarrollar proyectos en la región.
“La principal causa sería lo que estamos viviendo. Los conflictos sociales. Corremos el riesgo de que otras inversiones ya no se vengan”.
En el mismo sentido, representantes de organismos empresariales han señalado que la incertidumbre prolongada puede impactar no sólo a la obra actualmente detenida, sino también a proveedores y empresas que analizan invertir en el puerto de Topolobampo, considerado uno de los puntos logísticos más importantes del Pacífico mexicano.
Especialistas en desarrollo económico coinciden en que los efectos de una suspensión prolongada suelen presentarse en distintas etapas. En el corto plazo, se reflejan en menores ventas para pequeños negocios y prestadores de servicios; posteriormente pueden afectar al empleo indirecto y a la proveeduría regional; y en el largo plazo pueden influir en la percepción de certidumbre que observan los inversionistas al evaluar nuevos proyectos.
No obstante, el debate económico ocurre en paralelo a las preocupaciones ambientales y sociales que dieron origen al conflicto. Organizaciones opositoras al proyecto han expresado inquietudes relacionadas con posibles afectaciones a la Bahía de Ohuira y las actividades pesqueras de la zona.
Por su parte, autoridades federales han reiterado que la planta cuenta con autorizaciones ambientales vigentes y que dependencias como Semarnat y Profepa mantienen supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales correspondientes.
Durante julio, el Gobierno de México impulsó mesas de diálogo entre autoridades, comunidades, organizaciones sociales y representantes relacionados con el proyecto, de las cuales surgieron compromisos en materia de vigilancia ambiental, infraestructura social y seguimiento institucional.
Sin embargo, a casi dos meses del inicio del bloqueo, el conflicto continúa sin una solución definitiva.
