Sinaloa no necesita más diagnósticos ni más mesas de seguridad. Necesita un gobierno que deje de ser espectador de su propia tragedia
Los Mochis, Sinaloa.- Desde que inició el enfrentamiento entre grupos criminales, en Sinaloa se han registrado miles de homicidios y un incremento exponencial de desapariciones. El Inegi estima más de 86 mil personas desplazadas de sus comunidades.
Coparmex confirma 4 mil 880 registros patronales dados de baja y más de 25 mil empleos formales perdidos. La inversión extranjera directa pasó de 400 millones de dólares en 2024 a apenas 40 millones en 2025. Es el colapso.
Pero lo más grave es que ya no hay lugares seguros. Esta misma semana, Alma Rosa Rojo, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, sobrevivió a un ataque directo. Iba en un auto con su hija y sus dos nietas, de 7 y 12 años. Dos sujetos las interceptaron en la avenida Jesús Silva Herzog, al sur de Culiacán, y dispararon ocho veces contra ella. La niña puso sus manitas para intentar detener las balas
Rojo sigue con una bala alojada en la espalda. Buscaba a su hermano desaparecido desde 2009. Ahora el Estado tendrá que buscar quién la quiso matar.
Mientras eso pasa, en Culiacán, en el Colegio Inglés de Durango apareció una corona fúnebre, veladoras y la amenaza pintada en la pared: “Aquí va a tronar ALV”. Así empezó el ciclo escolar.
Y el gobierno, ¿dónde está?
Rubén Rocha Moya pidió licencia por segunda vez en menos de un mes. Regresó 34 horas y se volvió a ir. Dejó en su lugar a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, pero en las calles la lectura es una: no hubo ruptura, sigue el mismo grupo en el poder. El gobernador que debía dar la cara, se fue.
El gobierno federal envía 2 mil elementos de la Guardia Nacional cada tres meses, hace operativos para la foto, decomisa dos camionetas y se va. La Secretaría de Seguridad Pública del estado solo emite comunicados de “se restableció el orden”.
Mientras, los empresarios denuncian que ahora también se cobra piso a las Sofomes y a las financieras que prestan a pequeños comerciantes.
En Sinaloa ya no se cobra piso solo por vender, se cobra por existir.
El discurso oficial de “vamos bien” no le sirve a la madre que no deja salir a su hijo a la tienda, ni al comerciante de Los Mochis que baja la cortina a las seis de la tarde, ni a la buscadora que tiene que buscar entre fosas con miedo a que la maten por buscar.
Dos años. Miles de muertos. Decenas de miles de desplazados. Cero responsables detenidos de alto nivel.
