EL GUAYABO, AHOME.— Lo que comenzó como una promesa de solución para la seguridad de la sindicatura de Heriberto Valdez Romero se ha convertido, ocho años después, en una asignatura pendiente.
Durante la administración del entonces alcalde morenista Manuel Guillermo Chapman Moreno, fueron derribadas las instalaciones que ocupaba la Policía Municipal en El Guayabo, bajo el compromiso de que en aproximadamente seis meses se construiría una nueva base.
El plazo pasó. También pasaron administraciones municipales y, hasta hoy, la sindicatura continúa sin una base propia de Seguridad Pública que cuente con las condiciones necesarias para atender a la ciudadanía.
Actualmente, los elementos de seguridad utilizan espacios dentro de las oficinas de la sindicatura, una situación que, de acuerdo con el planteamiento de la síndica Carmen Hernández Romero, ya resulta inadecuada tanto para el personal policial como para los trabajadores y ciudadanos que acuden a realizar algún trámite.
El problema no se limita a la falta de oficinas. La sindicatura tampoco cuenta con una barandilla ni un juez que permitan atender de manera adecuada a las personas que infringen el reglamento o la ley, lo que deja en evidencia las carencias de infraestructura y servicios básicos en materia de seguridad.
Hernández Romero ha planteado la necesidad de que Seguridad Pública cuente finalmente con un espacio propio, argumentando que esto permitiría mejorar las condiciones de trabajo de los policías y, al mismo tiempo, garantizar mayor seguridad para quienes diariamente acuden a las instalaciones de la sindicatura.
Sin embargo, el planteamiento habría generado diferencias entre la sindicatura y elementos de la corporación policial. En lugar de que la discusión se centre en cómo resolver la falta de infraestructura, el conflicto parece haberse trasladado al ámbito político y administrativo.
La pregunta es inevitable: ¿por qué, después de ocho años, El Guayabo sigue esperando una base de policía que fue prometida para construirse en apenas seis meses?
Mientras en otras sindicaturas las instalaciones de Seguridad Pública cuentan con espacios propios, en Heriberto Valdez Romero el personal continúa operando en condiciones que no corresponden a las necesidades actuales de la población.
Más allá de las diferencias entre funcionarios, el fondo del asunto es uno: la seguridad de los habitantes no debería depender de pleitos internos ni de oficinas improvisadas.
Ocho años después, la promesa sigue pendiente y la ciudadanía continúa esperando respuestas, presupuesto y, sobre todo, una solución.
