Los agricultores de Sinaloa acusados de diferentes delitos, entre ellos por sabotaje y contra el consumo y la riqueza nacional, por el bloque de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el 2023, para pedir mejores precios para sus cosechas, no tienen dinero para gastos legales.
Campesinos Unidos de Sinaloa a través de una página web solicitaron el apoyo de los productores para Baltazar Valdez Armentía, Felipe Cevallos y Jesús Antonio Rojo, quienes son los primeros implicados por la Fiscalía General de la República (FGR).
“La solidaridad para los compañeros Baltazar Valdez, Felipe Zevada y Jesús Antonio Rojo…. se requiere Ahora. Necesitamos reunir la cantidad de 150,000 pesos para los gastos del juicio que se reanuda mañana martes a las 11:00 am. Campesinos Unidos de Sinaloa, hace un llamado a los productores agrícolas del Estado sin distingo de partidos políticos y a empresas afines a nuestra actividad para apoyar la causa de esta lucha”, expresa la publicación
Este martes se va a celebrar la continuidad de la primera audiencia del expediente 109/2023 en el Centro de Justicia Penal Federal de Culiacán.
El abogado defensor, Ricardo Beltrán Verduzco, reveló que el Ministerio Público, asegura que hubo una afectación la comercialización de 119 millones de pesos contra PEMEX y sabotearon 90 vuelos en el aeropuerto de Culiacán, afectando a más de 13 mil pasajeros. A pesar de estas acusaciones, ni el aeropuerto ni las aerolíneas denunciaron a los productores; las denuncias provinieron de PEMEX.
«Que no se les pueda generar alguna acción de la justicia que luego les pueda causar un daño, imagínate Don Balta o el otro, el daño que les causa, no solo emocional, sino quererles imponer el miedo para que no se sigan manifestando», expresó.
Además comparte un número de cuenta para que puedan apoyar a los productores que hoy están enfrentando estos cargos legales por pedir mejorar el esquema de comercialización para los granos en Sinaloa.
La audiencia inicial se reanuda este 21 de mayo, donde la defensa presentará sus argumentos ante el juez, en donde buscarán demostrar que no hubo dolo ni intención de daño patrimonial a la nación durante las manifestaciones de los productores.
