Culiacán, Sinaloa.- Luego de los hechos violentos registrados en el interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, donde se registró un enfrentamiento armado y en el contexto de los múltiples decomisos recientes de armas de fuego, drogas, dinero en efectivo, dispositivos tecnológicos de comunicación, así como en otras ocasiones reiteradas fugas masivas, como las ocurridas durante el llamado “Culiacanazo”, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa hace un llamado enérgico y urgente a las autoridades competentes para que:
“Se trasladen de inmediato a centros federales de readaptación social a las personas privadas de la libertad ( PPL) clasificadas como de alta peligrosidad quienes actualmente permanece en el penal de Aguaruto”.
La seguridad penitenciaria es un pilar de la gobernabilidad democrática. El Estado no puede —ni debe— permitir que los penales estatales se sigan utilizando como centros de operación criminal, violencia e impunidad, como los hechos lo han constatado.
Lo ocurrido en Aguaruto confirma, una vez más, una crisis estructural que pone en riesgo no solo a los custodios y a los internos, sino también a sus familias y a la sociedad sinaloense en su conjunto.
El Penal de Aguaruto ha sido escenario de reiteradas crisis de seguridad. Es indispensable actuar con decisión para evitar que situaciones como las del Penal de Topo Chico, en Nuevo León (2016), donde la violencia carcelaria provocó tragedias humanitarias y colapsos institucionales, se repitan en nuestro estado.
Por ello, hacemos un respetuoso, pero firme exhorto a: La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.
· El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Lic. Omar García Harfuch.
·El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Dr. Rubén Rocha Moya.
Para que, en el marco de su corresponsabilidad en materia de seguridad pública y gobernabilidad penitenciaria, inicien a la brevedad un proceso de evaluación y traslado de las personas internas de alta peligrosidad a centros federales que cuenten con las condiciones necesarias de seguridad, control y supervisión.
La seguridad pública no puede estar comprometida por la presencia de estructuras delictivas que han logrado penetrar algunos centros penitenciarios. Es momento de cerrar filas y avanzar hacia un sistema de readaptación social verdaderamente funcional, seguro, digno y ajeno a los intereses criminales.
