Ciudad de México. A un año de haber llegado a la presidencia, Claudia Sheinbaum rindió su primer informe de gobierno presentando cifras de reducción en homicidios, expansión de programas sociales e inversión en infraestructura. Sin embargo, detrás de los discursos triunfalistas se mantienen pendientes graves: una economía estancada, programas sociales bajo la sombra de la opacidad y una justicia que sigue sin responder a víctimas históricas como las de Ayotzinapa.
En el terreno de la seguridad, la mandataria aseguró una disminución del 25 por ciento en homicidios dolosos, con un promedio de 64 asesinatos diarios. No obstante, organizaciones civiles advierten que la violencia no ha desaparecido, sino que se ha reconfigurado: desapariciones, extorsiones y desplazamientos forzados siguen marcando a comunidades enteras, mientras los cárteles continúan operando con impunidad en varias regiones.
El eje central de su informe fue la política social. Sheinbaum destacó que 32 millones de familias reciben apoyos directos y que se han invertido 850 mil millones de pesos en programas de bienestar. Sin embargo, la falta de transparencia en la ejecución y supervisión de estos recursos ha levantado alertas. El uso de los llamados Servidores de la Nación —una estructura paralela sin relación laboral formal— abre la puerta a la manipulación política y clientelar de los apoyos.
En materia económica, los resultados son menos alentadores. El crecimiento fue apenas de 1.2 por ciento en el primer semestre, con proyecciones de cerrar el año por debajo del 1 por ciento. La inflación sigue golpeando a las familias trabajadoras, mientras la inversión privada nacional permanece estancada pese al discurso de récord en inversión extranjera.
La agenda de justicia también muestra claroscuros. Aunque Sheinbaum impulsa la polémica reforma judicial para elegir jueces por voto popular, especialistas advierten que con ello se pone en riesgo la independencia del Poder Judicial. Al mismo tiempo, casos emblemáticos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa siguen sin respuesta, profundizando la desconfianza social.
En el plano de género, pese a la creación de la Secretaría de las Mujeres, el presupuesto para prevenir violencia contra mujeres sufrió recortes, y el Sistema Nacional de Cuidados quedó en el papel, sin recursos asignados.
El discurso presidencial buscó transmitir optimismo: “México avanza con bienestar, justicia y seguridad”. Sin embargo, las cifras revelan una realidad más compleja: un país con menos homicidios, sí, pero aún atrapado en múltiples formas de violencia; con más apoyos sociales, pero con riesgos de uso político y opacidad; con reformas constitucionales en marcha, pero con un horizonte económico incierto y sin respuestas claras a las víctimas de la injusticia.
