Piden al gobierno Federal que reestructure el servicio a fin de agilizar los trámites
De manera desafortunada, el servicio que presta en este momento el SAT no es el mejor, lo que ha generado ya una serie de problemas dentro de las empresas.
Ante ello, representantes de los diferentes sectores económicos se pronunciaron en contra del Servicio de Administración Tributaria quienes exigieron que se haga una reestructuración.
Durante una rueda de prensa, se dio a conocer que de acuerdo a una encuesta realizada por Coparmex se comprobó que al menos el 87 por ciento de los empresarios en el país han tenido dificultades para obtener una cita, pero además, para lograr la devolución satisfactoria de los saldos a favor.
Asimismo, dijeron que debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, desde el año pasado y pese a ser considerada una actividad esencial, se detuvieron los trámites administrativos gestionados ante el SAT, lo que trajo como consecuencia escasez en el otorgamiento de citas y un impacto negativo en la operación de las empresas, además de un grave impedimento para cumplir con lo establecido en la reciente reforma en materia de subcontratación.
Se expuso que del 65 por ciento de los empresarios o profesionistas han tardado más de 30 días para lograr la devolución del saldo y una vez obtenida, el 78 por ciento dijo que le fue asignado por lo menos un mes después y el 64 por ciento han escuchado de actos de corrupción para que se les otorgue.
En ese sentido, destacaron que durante el último año se han incrementado los problemas por el sistema en la obtención de citas, mismas que generalmente están escasas, incluso llegando al grado de generar la venta ilegal de éstas.
“La falta de citas puede convertirse en un impedimento para la operación de un negocio, por ejemplo, la inscripción de empresas de nueva creación, facturación y timbrado de nómina, así como derivar en incumplimientos de normas formales que ameritan la imposición de multas e incluso en que, si no se presentan ciertos avisos, una operación tenga diverso tratamiento fiscal en caso de fusión”, justificó uno de los presentes.
En este monitoreo participó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), la Barra Mexicana de Abogados (BMA), la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
