CDMX .- La Operación Enjambre presume 14 alcaldes detenidos desde 2024, pero la justicia los reparte como fichas: a los de cuello azul los manda a Sonora, a los de fuero común los deja en cárceles estatales y al resto los esconde en el silencio judicial.
1. VIP federal: CPS Sonora. Jesús Corona Damián, de Cuautla, y Agustín Toledano, de Atlatlahucan, ambos del bloque PRI-PAN-PRD, comparten prisión preventiva en el Cefereso No. 11 de Hermosillo. El juez federal decidió que la delincuencia organizada se litiga lejos de Morelos.
2. Castigo estatal: Edomex. María Elena “N”, de Morena, paga 70 años en un penal mexiquense por homicidio. El matrimonio de Santo Tomás de los Plátanos, Pedro Luis “Wicho” y María del Rosario, del PRI-PAN-PRD, está en Tenango del Valle.
3. Los invisibles. De los otros 9 ediles —5 de Morena, 3 de MC, 1 del PVEM y 1 de Chiapas Unido— no hay parte oficial del CERESO. Están vinculados a proceso, pero sus municipios desconocen si duermen en Almoloya, Tepexi o bajo arraigo domiciliario.
La estrategia federal presume “golpes al narco-gobierno”, pero exhibe un doble rasero: cuando el delito es delincuencia organizada, el alcalde vuela a Sonora y su juicio se enfría a 2 mil kilómetros de sus votantes. Cuando es homicidio o extorsión local, se queda en el penal del estado. Y cuando incomoda al partido, el expediente se pierde.
Mientras, los 14 municipios siguen sin alcalde titular, con tesorerías saqueadas y obras paradas. La Operación Enjambre encierra políticos, pero no rescata ayuntamientos. El mensaje es claro: en México, el castigo viaja más rápido que la justicia.
