Expertos de la ONU alertan sobre posibles violaciones a derechos humanos y daños ambientales por proyecto de planta de amoníaco en Topolobampo

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Ahome, Sinaloa.– Un grupo de once relatores del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió una comunicación oficial dirigida a Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial en México de la compañía suiza PROMAN, en la que expresan serias preocupaciones sobre los impactos humanos, ambientales y sociales del proyecto de planta de amoníaco en Topolobampo.

La misiva, con referencia AL OTH 103/2025 y fechada el 19 de septiembre de 2025, solicita a la empresa aclaraciones urgentes ante denuncias presentadas por comunidades locales, pescadores, organizaciones ambientales y autoridades tradicionales del pueblo Mayo-Yoreme. El documento ya es público a través del sistema de Procedimientos Especiales de la ONU.

Principales observaciones de los expertos

Los mecanismos independientes advierten que el proyecto podría estar ocasionando o exponiendo a la región a una serie de riesgos significativos:

1. Daños al ecosistema lagunar y al sitio Ramsar

La información recibida señala la destrucción de alrededor de 21,000 m² de manglares, así como impactos severos en la Laguna Santa María–Topolobampo–Ohuira, considerada humedal de importancia internacional. Estos efectos pondrían en riesgo especies nativas y el equilibrio ecológico de la zona.

2. Afectaciones a la pesca artesanal

La extracción de agua marina para procesos industriales podría eliminar larvas marinas equivalentes a más de 500 toneladas de producción pesquera anual, perjudicando de manera directa la economía de cientos de familias que dependen de la pesca ribereña.

3. Riesgos para la salud y seguridad de la población

Modelaciones citadas por los relatores advierten que un accidente o fuga de amoníaco podría generar una nube tóxica con un radio de hasta 45 kilómetros, afectando a más de 400,000 personas, escuelas, infraestructura y ecosistemas. El análisis, señalan, no incluye el impacto de una segunda fase del proyecto ni de la eventual planta de metanol.

4. Violaciones a los derechos de los pueblos indígenas

Los expertos afirman que el proyecto impactaría el territorio, las prácticas culturales y la relación espiritual del pueblo Mayo-Yoreme con la tierra y el mar. Además, indican que no se habría realizado un proceso de consulta previa, libre e informada, como exigen los estándares internacionales.

5. Hostigamiento a personas defensoras

La comunicación también refiere denuncias de intimidación, criminalización y restricciones a la protesta contra personas que se oponen al proyecto, lo que vulneraría la libertad de expresión y de reunión pacífica.

6. Contribución al cambio climático y pérdida de biodiversidad

Las emisiones del proceso petroquímico podrían aumentar la contaminación tóxica, reducir la biodiversidad local y amplificar riesgos climáticos en la región.

ONU solicita a GPO información y medidas de prevención

Los expertos requieren a la empresa que informe sobre:

  • Acciones para prevenir la repetición de incidentes.
  • Políticas de debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente.
  • Medidas correctivas y mecanismos de reclamación para comunidades afectadas.
  • Procesos de diálogo con actores locales, incluyendo pueblos indígenas, líderes comunitarios y sectores vulnerables como la niñez.

Además, se notificó a GPO que se enviaron comunicaciones similares a todas las empresas involucradas, así como a los gobiernos de México, Alemania y Suiza. La respuesta será pública y formará parte del informe anual del Consejo de Derechos Humanos.

Preocupación internacional por megaproyectos en ecosistemas frágiles

La intervención simultánea de múltiples mandatos de la ONU refleja la gravedad de los posibles impactos asociados a la planta de amoníaco en Topolobampo. El caso se suma a la creciente vigilancia internacional sobre megaproyectos industriales ubicados en zonas ecológicamente sensibles y en territorios de comunidades indígenas.

La discusión sobre el futuro del proyecto continúa abierta, mientras organizaciones sociales y autoridades tradicionales insisten en que se garantice el respeto a los derechos humanos, la protección ambiental y la participación efectiva de las comunidades.