Culiacán, Sinaloa.-La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la Dip. Gloria Himelda Félix Niebla, comentó el entorno en el que se discutirá por la comisión de Fiscalización respecto de las cuentas públicas 2018 de 9 municipios, por proponerlo como un Acuerdo, y no un dictamen como corresponde que tendría que ser Decreto de la Ley.
En su escrito, donde la Dip. Gloria Himelda manifiesta su inconformidad, detalla que la comisión no argumenta el motivo por el cual se adopta esta propuesta, y menos explica de manera contundente y pormenorizada las motivaciones y mucho menos funda la medida de norma jurídica que lo faculte.
“Cabe señalar que la argumentación que se advierte para este propósito resulta difusa, no contundente y basada en meras inferencias que no tienen sustento dentro de nuestro orden jurídico y legal local”, dice.
En dicho escrito, la diputada Gloria Himelda Félix Niebla manifestó que además de la falta de un una argumentación jurídica la manifestación de la comisión no puede ser acuerdo debido a que contraviene la disposición de máxima publicidad y transparencia en materia de las cuentas públicas, al no requerir de ello.
Además, señala el documento, no puede ser acuerdo parlamentario debido a que este resuelve cuestiones específicas pertenecientes a la esfera formal de la autoridad legislativa, mientras que el dictamen de las cuentas públicas genera derechos e impone obligaciones a sujetos específicos externo a este poder.
“En otras palabras, a través de los Decretos, este Poder Legislativo es susceptible de emitir resoluciones en aquellos asuntos que trascienden de la esfera legislativa a la administrativa, y sobre la cual incluso, es posible el que se ejerzan funciones de naturaleza muy distinta como lo es la material y formalmente jurisdiccional”, manifestó.
En el documento, la legisladora local del PRI anexo una serie de ligas electrónicas al Diario Oficial de la Federación, con el objetivo de que se pueda constatar que el producto legislativo aprobado en el contexto de la conclusión de la función constitucional de la fiscalización superior de la hacienda pública federal se hizo consistir estrictamente en decretos.
“En ese contexto, lo procedente y apegado a derecho es que lo que se apruebe por este PIeno tenga Ia calidad jurídica de un Decreto, que incluso amerite para Ia validez de su comunicación la firma, no solo de la Secretaria de la Mesa Directiva sino también Ia de esta Presidencia.
“Por tal motivo y con base en los razonamientos anteriores, esta Presidencia estima que eI proyecto de dictamen que se somete nuestro conocimiento el día de hoy, adolece de deficiencias formales toda vez que debió proponer la aprobación de un proyecto de decreto y no de acuerdo”, establece el escrito.
Mientras tanto y durante la discusión del tema el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI el Dip. Sergio Jacobo Gutiérrez dijo que es una “Reiterada violación a la legalidad, ahora no solamente son los mismos actos de transgresión de la ley ahora el dictamen de las cuentas públicas ya no son decretos, si no son acuerdos. Si revisamos la historia legislativa de Sinaloa vamos a encontrar que siempre las cuentas públicas desde siempre se dictaminan como decretos. Así se dictamina en el Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas de los estados son decretos y esto no es por costumbre, es por naturaleza de la norma que implica el dictamen de las cuentas públicas”.
Sergio Jacobo precisó que decreto implica obligaciones responsabilidades para personas físicas y morales. Y destacó que “Aquí ya se dijo el trasfondo de todo esto y es evitar que el ejecutivo pueda formular observaciones o evitar los informes. Permíteme decirles que la ley hay que cumplirla y es una facultad que tiene el ejecutivo y está en la ley. Quieren sacar la vuelta a esto pero lo que están provocando es viciar el proceso de las cuentas públicas”.
Jacobo Gutiérrez dijo que es una verdadera vergüenza que por segundo año consecutivo se queden las cuentas públicas en el limbo por las actitudes del grupo mayoritario de morena que no hacer cumplir la legalidad.