Por más de un año, Sinaloa vive atrapado en una guerra intestina que no pidió. Una guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa —la organización criminal más poderosa de México— que se libra desde el corazón mismo de su estructura: Culiacán. Han pasado más de 376 días de violencia continua, con un saldo brutal que retrata las dimensiones de esta tragedia: casi 1,900 homicidios, más de 2,000 desapariciones, alrededor de 7,000 vehículos robados y un número incalculable de familias desplazadas, negocios cerrados y comunidades sometidas al miedo.
El sábado 13 de septiembre, Altata, en Navolato, fue escenario de una nueva jornada de terror: hoteles incendiados, balaceras, enfrentamientos y un pueblo entero obligado a encerrarse otra vez, como si el tiempo retrocediera a los días más oscuros. En medio de ese caos, la vida de Jesamel, una joven maestra, esposa y madre, se apagó por las balas que no iban dirigidas a ella, pero que terminaron arrancándole todo. Jesamel deja a dos niñas huérfanas, a un esposo devastado, a una comunidad estudiantil sin su guía. ¿Cómo explicarles a sus alumnos que su maestra no volverá jamás?
Jesamel se ha convertido en símbolo. En el rostro de los llamados “daños colaterales” que llevan meses multiplicándose en Sinaloa y que nunca debieron ocurrir. Su asesinato ocurre apenas días después de que más de 30 mil personas marcharan en Culiacán el 7 de septiembre, gritando un “¡Ya basta!” que resonó en las calles: no sólo dirigido al gobierno federal de Claudia Sheinbaum o al estatal de Rubén Rocha Moya, sino también —y sobre todo— a los criminales que tienen secuestradas a comunidades enteras.
La reacción de las autoridades fue tan fría como tardía. El crimen de Jesamel, junto con las amenazas que circulaban en redes sociales, terminaron por desnudar lo evidente: en Sinaloa no existen las condiciones mínimas para garantizar seguridad ni siquiera en actos oficiales. El propio gobernador Rocha Moya tuvo que recular, cancelando la realización de eventos masivos nocturnos, incluido el Grito de Independencia con artistas de talla internacional.
Ese reconocimiento es, en los hechos, una aceptación de que vivimos en estado de sitio impuesto por el crimen organizado, una rendición tácita frente a la violencia que manda, decide y dicta los ritmos de la vida en pueblos y ciudades.
Jesamel no es una cifra más. No es un expediente más en los reportes de la Fiscalía ni una estadística de la “narco guerra”. Es la muestra dolorosa de que mientras las autoridades insistan en administrar la violencia en lugar de combatirla, Sinaloa seguirá contando muertos inocentes. Y cada vez que se guarde silencio, habrá otra Jesamel, otro nombre, otra familia rota que nos recordará el fracaso del Estado frente al poder criminal.
