Juez de control Adán Alberto Salazar Gastelum revocó a José Ramón Bonilla Rojas y Yamir Valdez como asesores jurídicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) por considerar conflicto de interés.
Ante dicha situación, los abogados quienes fungían como representantes legales de la UAS acudir ante un juez federal para promover un amparo en contra de la decisión tomada por el juez Adan Alberto Salazar Gastélum.
José Ramón Bonilla Rojas, informó que en audiencia especial solicitada por la Fiscalía General del Estado (FGE) el juez de control determinó nombrar a asesores victímales públicos para que defiendan los intereses de la UAS.
Señaló que con esta decisión se está violando el derecho de la comunidad universitaria a elegir quien los represente en dicho juicio, ya que la ley marca al respecto que el nombramiento de asesores le corresponde ineludiblemente a la víctima u ofendido y no a la FGE ni al juez.
“Esta acción se deriva al no haber accedido a secundar los argumentos de los fiscales, así como no haber sido comparsa de la Fiscalía, pues estos acusaron a los asesores jurídicos de la institución de haber un conflicto de interés, pues en reiteradas audiencias indicaron que los directivos de la Universidad no eran servidores públicos; se opusieron a la separación del poder del Rector bajo el argumento de uno de los artículos de la Ley Orgánica, que señala que el Consejo Universitario es la autoridad competente para remover y nombrar Rector”, manifestó.
Agregó que, “los representantes legales de la Universidad y un servidor sabíamos que íbamos al matadero, sabíamos que no nos iban a dar la razón, sabíamos que tenían ellos forzosamente que quitarnos, por qué, porque somos un estorbo para la Fiscalía porque nosotros no somos comparsa y porque nosotros exponemos la realidad”.
Bonilla Rojas, enfatizó que, en Sinaloa no existe la división de poderes y que los procesos donde se ve involucrada a la UAS son procesos jurídicos viciados y contaminados por una intencionalidad política que sólo refleja el interés por parte de fiscalía y del Gobierno del Estado.
“Estamos es un estado de terror y de miedo donde desde la gubernatura, el Poder Ejecutivo se orquestan carpetas de investigación para callar a los disidentes, para callar a las personas que no están de acuerdo y, sobre todo, para querer colonizar a las instituciones, que no quepa duda el problema con la Universidad es que el Gobernador la quiere colonizar y no ha podido”, externó.
