El Congreso de Sinaloa dio a conocer que existe la iniciativa para crear defensorías públicas de derechos políticos y electorales, que entre las resoluciones que han emitido, se logró que las personas en prisión sin una sentencia puedan votar en las elecciones del 4 de junio en el Estado de México y Coahuila.
Esto fue planteado durante el desarrollo de la mesa cuatro, dedicada a la defensoría de los derechos políticos electorales de los grupos en desventaja en el Diálogo Regional entre Legislaturas y Magistraturas Electorales Locales de Cara al Proceso Electoral 2024
Los derechos político-electorales son derechos humanos y con esta figura se cumplirán los principios constitucionales de tutela efectiva para el ejercicio pleno de estos derechos”.
Desde la perspectiva política legislativa, el diputado de Morena José Manuel Luque Rojas, presidente de la Comisión de Educación Pública y Cultura del Congreso del Estado de Sinaloa, subrayó la labor de las legislaturas para fortalecer la protección de estos derechos. “El Estado debe proteger los derechos humanos porque están contemplados en la constitución”, dijo.
La diputada del PRI, Ivón Salazar Morales, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso del Estado de Chihuahua, sostuvo que la justicia electoral se lleva a cabo en un submundo donde no cualquier jurista se adentra. “Al llegar a mi curul fue gracias a los tribunales electorales, y la paridad obedece a una lucha histórica por los derechos que se nos ha negado a las mujeres durante siglos”, comentó.
Precisó que la justicia electoral tiene la cualidad de una profesionalización técnica tan especial que mucha gente no sabe que sus derechos han sido afectados. “Hoy sabemos que la violencia política hacia la mujer va desde actos de acoso e invisibilización que afectan su desarrollo psíquico y profesional en el ejercicio de sus funciones”, subrayó.
Recordó que el 30 de junio de 2022 el Consejo Electoral de Chihuahua designó a la ciudadana sinaloense Perla Lyzette Bueno Torres, como la titular de la Defensoría Pública de Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía Chihuahuense, para cumplir con lo que mandata la misma constitución.
Desde la perspectiva juzgadora, Idamis Pastor Betancourt, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Puebla y vicepresidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. (AMMEL), recordó que el artículo primero de la constitución contempla y protege los derechos humanos, y el artículo 17 establece la defensoría de los ciudadanos.
Al frente de la relatoría, Margarita Concepción Espinosa Armengol, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, y presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. (AMMEL), dijo que uno de los más importantes desafíos rumbo al proceso electoral 2024, es la carencia de esta figura en todos los estados de México.
Congreso de Sinaloa plantea crear una defensoría pública de derechos políticos y electorales
