Prometen hacer valer el rango constitucional Ley 3 de 3 para el 2024: Senadora

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Está el compromiso de que la reforma constitucional de la Ley 3 de 3 se cumpla al pie de la letra en el proceso electoral del 2024, afirmó la Senadora Imelda Castro Castro.
Detalló que está legislación impide a agresores sexuales, deudores de alimentos o culpables de violencia de género contender por cargos de elección popular o participar en el servicio público.
En ese sentido, comentó que está declaratoria se dio de manera satisfactoria en más de 20 estados el pasado miércoles y buscan que todas aquellas personas que falten a sus obligaciones y al buen comportamiento en las líneas antes mencionadas, no podrán siquiera participar en el tema político.
“Es básicamente una suspensión del derecho constitucional, antes ya habíamos aprobado una reforma secundaria en materia de pensión alimenticia para evitar justamente que sean jueces, fiscales, magistrados, notarios públicos e incluso no puedan el trámite de pasaporte, en fin, para que estas personas que tengan sentencia firme no podrán acceder a esos servicios y no podrán tener cargos en ninguno de los tres planos del gobierno, esto ya es un tema legislado y era muy importante hacerlo”, precisó.
Cuestionada si en esta ocasión si si se hará valer está reforma con el antecedente que en el pasado electoral participaron algunos personajes con sentencia de violencia política en razón de género como fue el caso de ahora, exfuncionarios municipales, la legisladora federal aseguró que es una obligación hacer valer la ley
“Esta legislación apenas la acabamos de aprobar y se va a aplicar para el proceso del 2024, tanto la reforma secundaria como la constitucional para hacerse valer tiene que haber un registro nacional de deudores alimenticios o violentadores que se va a integrar con la información que se tengan en los distintos niveles hasta ahora está esa legislación”.
Para ello, agregó, cada estado tendrá que trabajar en formar está base de datos de las personas violentadoras u omisas en sus obligaciones ordenadas por una autoridad federal para así poder lograr un mayor control y que realmente se impida que participen en el siguiente comisio electoral.